¡EXCELENTE! Quien ocupa ilegalmente un terreno pierde los beneficios sociales.

 

Mientras en el país se debate qué hacer con las tomas de tierras y crecen los intentos de los usurpadores, en la provincia del oeste argentino se sancionó una ley que pone blanco sobre negro a este delito: quien ocupa ilegalmente un terreno pierde los beneficios sociales.

El Senado aprobó este martes la norma que establece quitar los subsidios oficiales a quienes avanzan sobre tierras impropias. La iniciativa fue presentada en setiembre por el diputado Jorge Difonso (Frente Renovador), quien buscó complementar con otro "castigo" las sanciones que prevé el Código Penal.

De esta manera, los usurpadores "no podrán ser beneficiarios de planes sociales otorgados por el gobierno de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta todas las modalidades de subsidios monetarios, alimenticios o de cualquier otra índole y concepto". También, no recibirán beneficios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y apunta a que el gobierno nacional, con la información local, proceda con el cese de todo tipo de asistencia.

"La ley pretende que el ciudadano mendocino que cumple con la ley y no comete delitos esté en una posición mejor que aquella persona que comete delitos, por medio de la violencia y usurpa tierras. Ese el planteo de fondo.

La propuesta al ser aprobada por 19 positivos, 14 negativos y tres abstenciones fue remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.

El senador radical Juan Carlos Jaliff defendió la iniciativa del diputado Difonso. "De cierta manera los que me han precedido en el uso de la palabra nos está mostrando la razón. Pretendemos que aquellos miles de mendocinos que no usurpan y que no cometen ningún delito tengan una situación diferente respecto de la ayuda del estado", precisó.

Al momento de la exposición, la senadora justicialista Cecilia Juri cuestionó que la propuesta solo fue aprobada en la Cámara de Diputados por el bloque oficialista. "Hay más de 11 notas de distintas organizaciones que han sido presentadas. Lo que han solicitado es que se pueda escuchar sus opiniones previo al tratamiento en la Legislatura. Para la legisladora en Mendoza hay un déficit de más de 70.000 viviendas. Acá es evidente la decisión política de apoyar este proyecto y dejar de lado otras iniciativas", indicó.