Casi la totalidad de los bioquímicos del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron afectados por la ola de traslados arbitrarios, debiéndose mudar a nuevas Unidades donde cumplen un rol administrativo, nada que ver con su formación profesional. De este modo, las cárceles quedaron desprotegidas, con miles de internos con HIV, tuberculosis y diabetes en riesgo.
Además de la ilegalidad de los traslados (violan la Ley de Personal, son fuera del radio del domicilio legal del empleado, provocan un desarraigo en las familias y violan las obligaciones personales de cada uno), provocaron un vaciamiento de personal sanitario en los Complejos: los presos protestaron por la violación de sus derechos básicos y sienten que están a la deriva, por eso iniciaron estados de alerta y amenazan con motines.
El bioquímico es un actor fundamental dentro del enclave penitenciario: es el encargado de los diagnósticos, de llevar adelante seguimientos, de hacer cargas virales (es el término empleado para referirse a la cantidad de VIH en sangre, cuanto más virus haya en ese fluido mayor debe ser la carga viral), de los exámenes de esputos para tuberculosos (busca microbios que causan infección), entre tantas otras tareas.
Con este crítico escenario, trabajadores de Sanidad Penitenciaria reconocieron que peligra la entrega de medicación para los enfermos: nadie está haciendo las planillas correspondientes. Además, la falta de bacteriólogos y técnicos en laboratorio agrava la situación.
En la actualidad, resulta impensable imaginar un equipo de atención de la salud sin la presencia de un bioquímico: en el campo médico suelen sostener que al menos un 70% de los diagnósticos están basados en algún estudio de laboratorio. Sin embargo, en el SPB, los bioquímicos son ninguneados y realizan trabajos administrativos.
Demostrando que poco le importa la formación profesional, el Director de Salud Penitenciaria es el abogado Javier Zoulemian, cuando se presume que el cargo tendría que ser ocupado por un profesional de la salud. Sin embargo, desde el minuto cero, Fernando Rozas (interventor del SPB) supo que allí debía ubicar a alguien de suma confianza para que mueva las fichas del tablero de corrupción, más allá de su formación.
Durante los últimos días, un blooper dejó en evidencia al Director de Salud Penitenciaria: en una reunión con Jefes de Sanidades, le pidieron a Zoulemian la compra de ácido acetilsalicílico, a lo que el Director respondió: “No estamos en condiciones de comprar medicación cara”. Esto demostró el desconocimiento del funcionario, que no sabe lo que es una aspirina, el ABC de la medicina. Esta burrada llegó a los trabajadores de Sanidad y el “doctor en leyes” se convirtió en el hazme reír del SPB.
Para muchos, la Emergencia Penitenciaria fue la excusa perfecta para llevar adelante una “falsa purga”, que tuvo más condimentos políticos que el verdadero objetivo de combatir las mafias enquistada en la fuerza: “Mientras miles de laburantes que dieron la vida por la institución, varios con más de 20 años de servicio, fueron echados, los corruptos se multiplicaron de la mano de la Intervención”, disparó un sumariado.
La gobernadora María Eugenia Vidal sacó un importante rédito político levantando la bandera de “limpiar el Servicio Penitenciario”, pero distintas investigaciones llevadas adelante por NOVA desenmascararon que la Intervención del SPB, de la mano del ex diputado denarvaista Fernando Rozas y comandada por el ministro de Justicia Gustavo Ferrari, multiplicó los hechos de corrupción, instaló mecanismos de gestión mafiosos, fabricó nuevos ñoquis con nombre y apellido, empeoró las condiciones del personal y dejó a las cárceles a la deriva con los presos dentro.
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