la Justicia procesó y encarceló a una red de senegaleses que operan
en Argentina por el delito de tráfico de personas. Las víctimas
fueron sus propios compatriotas.
Fueron unos 80 en total. Engañados y bajo el compromiso de pagar casi 6.000 dólares
americanos y después de un largo y fatigoso viaje -que incluía
sobornos, pasaportes falsos y hasta cruzar a nado ríos fronterizos- ingresaban
al país de manera ilegal para ser explotados por la organización.
Las víctimas, lejos de recibir el trabajo prometido
en empresas, hoteles y restaurantes, eran obligados a vender en puestos
callejeros de mercadería ilegal, sin recibir prácticamente nada hasta saldar la
deuda contraída con los traficantes.
Tanto es así que en uno de los doce allanamientos ordenados por el juez federal
Marcelo Martínez De Giorgi, los investigadores del Departamento
Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina
encontraron ocultos en la vivienda del jefe de la banda mafiosa unos 61
pasaportes adulterados de ciudadanos senegaleses que habían hecho ingresar a la
Argentina de manera clandestina a través de pasos fronterizos con Brasil.
Otras once víctimas fueron rescatadas mientras eran explotadas en puestos ambulantes de localidades
porteñas de Flores y Liniers o en provincias como Misiones.
Las víctimas fueron las que permitieron desbaratar
a la banda mafiosa gracias a los
descarnados relatos que realizaron en primera persona. La causa
revela la realidad de la esclavitud de la era moderna: la Argentina es una
escala de los traficantes de personas.
El Ministerio de Seguridad de la
Nación, reconoció
que "este es un logro muy importante para nosotros ya que es el primer
caso en la Argentina en donde senegaleses
terminan procesados y con prisión preventiva por el delito de tráfico de
personas".
La falsa promesa de ser refugiado
La investigación, según describe Martínez De
Giorgi, comenzó por una denuncia realizada el 14 de febrero de 2018 por el entonces subdirector de la Dirección Nacional
de Migraciones y presidente de la Comisión Nacional para los
Refugiados (CONARE), el abogado
Julián Curi.
Ante la CONARE, cinco
senegaleses que buscaban ser beneficiados con el status de refugiados relataron
con lujo de detalles la maniobra a través de la cual ingresaron
al territorio nacional de manera irregular con el apoyo logístico de la
organización trasnacional con bases en la Argentina.
Primero eran contactados en Dakar, capital de
Senegal, por un cómplice de la banda. La promesa que recibían era que una
vez que entraran a nuestro país, además de trabajo -gracias al cual saldarían
rápidamente la deuda económica con los delincuentes- conseguirían gracias a sus contactos ser
considerados como refugiados y tiempo después, obtendrían el
preciado certificado de residencia precaria, algo que nunca sucedió.
Antes de salir de su país, cada uno de los
senegaleses recibía un pasaporte falso
de la República de Gambia, país de África occidental.
La
salida de Senegal se realizaba con esos pasaportes truchos. Había un truco. Ese
pasaporte era la puerta de entrada a Latinoamérica: los ciudadanos de Gambia pueden ingresar a Ecuador sin el visado
consular. Ecuador, sin embargo, era la primera de muchas
paradas para los futuros esclavos después de salir del continente africano.
El
"representante" senegalés del líder de la organización en Argentina
era Ibou Diagne, quien está acusasdo de exigirle a cada uno de los
"reclutados" la suma de 2.700.000 francos CFA -al cambio actual 4.617 dólares- una cifra
impagable para los empobrecidos hombres que buscaban un futuro venturoso en
América.
También le solicitó cuatro fotos y el pasaporte
senegalés. No lo sabían, pero ese documentoles iba a ser retenido
al ingresar a la Argentina hasta pagar la deuda.
Todo lo requerido se lo entregaron a otro
integrante de la organización, identificado en la causa como Aliou Djigo.
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