El pasado 15 mayo, al término de la primera reunión con los obispos de Chile, el Papa Francisco les entregó un texto de diez páginas con duras críticas al mal manejo de los casos de abusos sexuales, y en el que advierte que la remoción de personas no es suficiente para solucionar el problema en la Iglesia local.
“Los problemas que hoy se viven dentro de la comunidad eclesial no se solucionan solamente abordando los casos concretos y reduciéndolos a remoción de personas; esto –y lo digo claramente- hay que hacerlo, pero no es suficiente, hay que ir más allá. Sería irresponsable de nuestra parte no ahondar en buscar las raíces y las estructuras que permitieron que estos acontecimientos concretos se sucedieran y perpetuasen”, expresó el Papa en el texto que fue difundido por la prensa chilena.
En ese sentido, Francisco se detuvo en “tres situaciones que se desprenden” del informe “Misión especial” que elaboró Mons. Charles Scicluna luego de escuchar los testimonios que acusan a Mons. Juan Barros de encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima. Entre estos está la denuncia de “destrucción de documentos comprometedores”.
“La investigación demuestra –escribió el Papa– que existen graves defectos” en el modo de actuar ante las denuncias de abusos, no pocos “calificados muy superficialmente como inverosímiles” y otros que fueron “investigados solo a destiempo o incluso nunca investigados”, ocasionando escándalo en los denunciantes y en los que conocían los hechos.
Además, se detectaron “graves problemas” en la etapa de formación de muchos que después serían abusadores, con graves acusaciones “contra algunos Obispos o Superiores que habrían confiado dichas instituciones educativas (seminarios y noviciados) a sacerdotes sospechosos de homosexualidad activa”.
Además, el informe recogió declaraciones sobre “presiones” contra quienes “debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos”.
Esto evidencia “una absoluta falta de respeto por el procedimiento canónico y, más aún, unas prácticas reprobables que deberán ser evitadas en el futuro”, señala el informe.
“En el informe de la ‘Misión especial’ mis enviados han podido confirmar que algunos religiosos expulsados de su orden a causa de la inmoralidad de su conducta y tras haberse minimizado la absoluta gravedad de sus hechos delictivos atribuyéndolos a simple debilidad o falta moral, habrían sido acogidos en otras diócesis e incluso, en modo más que imprudente, se les habrían confiado cargos diocesanos o parroquiales que implican un contacto cotidiano y directo con menores de edad”, criticó el Papa.
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