"Aquellas que aún permanecen abiertas, es porque sus propietarios financian las pérdidas con reservas obtenidas en mejores momentos, y los que ya se les terminaron o que nunca la obtuvieron, lamentablemente van a tener que cerrar", evaluó Vicente Lourenzo, ex secretario de Hacienda de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y titular de la consultora.
Lourenzo consideró necesario "implementar con carácter de urgente una serie de medidas, declarando en emergencia este sector que hoy representa, según el Ministerio de la Producción de la Nación, aproximadamente 327.000 empresas inscritas en el Registro correspondiente".
Además propuso eximir a las MiPyMES de todo Régimen de Retención/Percepción de Impuestos Nacionales, Provinciales y Municipales; generar un período de espera de por lo menos 180 días para todo tipo de deuda impositiva o previsional incluida en planes de facilidades de pago vigentes o caducos y suspender por 180 días todo tipo de acción judicial (embargo, inhibición) por parte de cualquier organismo de recaudación nacional, provincial o municipal.
A la vez que reclamó aumentar y facilitar los mecanismos para la obtención de los REPRO (Programa de Recuperación Productiva); elevar el actual mínimo no imponible de las contribuciones patronales (hoy en 17.509 pesos por empleado para todas las pymes) y reducir un 50% la contribución patronal (actualmente en 17,5 %).
También resaltó que se deben generar líneas especiales de crédito destinadas a asegurar al pago de sueldos y jornales a tasa subsidiada en un 80 %, para poder facilitar el repago; exceptuar a las MiPymes de los últimos aumentos tarifarios y establecer un subsidio del 50% a las empresas que son electro y gas dependientes.
"Si bien el Estado está en un proceso de reducción de sus gastos a efectos de equilibrar su déficit fiscal, el costo que significa esta serie de medidas es mínimo si se lo mide en costo social que puede acontecer si miles de pymes cierran sus puertas", finalizó.
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