La modificación de un viejo decreto deja al país al
borde transformarse un basural de residuos peligrosos proveniente de otros
países. A la par, recicladores se ven afectados por la caída del precio de
elementos como el cartón y el plástico, ante la mayor demanda. El decreto
original lo había firmado Menem en 1992 luego de un escándalo por la llegada de
residuos nucleares al país.
Un polémico decreto
firmado por el gobierno de Mauricio Macri pasó desapercibido la semana pasada:
se trata una modificación de la vieja orden Nº 181/1992 que
por entonces habilitaba a la importación de basura
de otros países y que generó un escándalo por la aparición
de residuos nucleares en el gobierno de Menem.
Ahora, las
modificaciones pasaron tan solo por un solo artículo y según trabajadores de la
Economía Popular y ambientalistas, el mismo “flexibiliza el debido
control ecológico”, librando a la Argentina a
transformarse en un país receptor de basura peligrosa como la nuclear,
proveniente de Europa y otras regiones.
Esto, además de poner en
peligro al medio ambiente, representa una dura contradicción en términos
ecológicos: mientras el gobierno no destina los suficientes fondos para
reciclar la basura que se genera en su propio país, se destinarán millones para pagar la basura que descartan otras naciones.
Todo esto, mientras países como China y parte de la Unión Europea prohíben el
ingreso de basura a sus países.
Los primeros en denunciar este nuevo decreto fueron
los Cartoneros y Recicladores urbanos que a las claras, hoy se constituyen como
de los principales recolectores de cartones, plásticos y otros elementos que
terminan descartados de la basura, para ser reciclados.
Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR),
en nuestro país se generan 40.000 toneladas de basura por mes y el 40% podría
ser reciclado. “De esta cantidad solo se recicla la mitad gracias al trabajo
cotidiano de los cartoneros (150.000 en todo el país)”, explican.
“En lugar de
potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los
argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto
perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de
ese material. Y en el medio de una
crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre”,
expresaron en un comunicado.
“Antes se tenía que demostrar que lo que llegaba
eran residuos inocuos y se tramitaba en la Secretaría de Ambiente un permiso
específico para cada importación. Ahora simplemente se puede importar sin esa
necesidad. Esto es muy peligroso para los recicladores de la Argentina”,
describió Alejandro Valiente, miembro
del equipo técnico de la FACCyR.
Para los
cartoneros y recicladores esto es una mala noticia, porque ante más demanda de
cartón en el país, menor será su valor y por lo tanto menor los ingresos de sus
trabajadores. Que, valga la aclaración, integran un sector social más que
vulnerable en la población.
Los
especialistas explican que en los primeros meses
del 2019 se importó más cartón para reciclar que todo en 2018 y
este fenómeno se dio sin el aval del nuevo decreto. Por lo que la situación
para el mercado del cartón y otros elementos reciclables podría complicarse aún
más.
“Todavía se
puede recuperar y reciclar el doble de lo que hoy se recicla. En vez de
reciclar los residuos que generamos en Argentina vamos a comprar a precio dólar
lo que tiran otros. En lugar de estimular la importación de residuos, el gobierno debería potenciar el trabajo de los que ya reciclamos
para que juntemos cada vez más residuos, podamos vivir en un
ambiente sano, y avanzar hacia una economía sustentable con basura cero”, se
quejaron desde el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE).
Con el nuevo
decreto 591/2019 el país se
vuelve un receptor de basura peligrosa y el Estado destinará fondos que podría
utilizarlos para el reciclado de su propia basura. Algo que a las claras parece
tratarse de un negocio que huele mal.
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