La
científica argentina Virginia Aparicio fue exonerada y despedida del INTA
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en octubre de 2026, tras un
prolongado conflicto administrativo derivado de su liderazgo en una
investigación internacional que detectó una alarmante presencia de agroquímicos
en los cuerpos de personas y en el medio ambiente.
La
investigación (Proyecto SPRINT)
Aparicio,
ingeniera agrónoma e investigadora del INTA y del Conicet con más de 20 años de
trayectoria, coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT.
Este estudio, financiado por la Unión Europea y desarrollado en 11 países,
analizó la presencia de más de 200 plaguicidas diferentes en muestras
ambientales, vegetales, animales y humanas.
Los
hallazgos clave en Argentina revelaron:
Glifosato
en el cuerpo: Se detectó
glifosato en la orina de entre el 84% y el 86% de los voluntarios analizados
(productores, trabajadores rurales y consumidores de la provincia de Buenos
Aires). El químico también estuvo presente en la totalidad de las muestras de
materia fecal.
Cóctel de
químicos:
Encontraron mezclas de entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en orina,
y hasta 18 en materia fecal.
Presencia
ambiental: Se
registraron hasta 86 plaguicidas diferentes en el polvo de los hogares de las
zonas analizadas, así como en suelos, agua y alimentos.
Censura,
sumario y despido
El
conflicto con el organismo estatal comenzó a escalar en 2023, cuando las
autoridades del INTA prohibieron una reunión destinada a devolver los
resultados a los voluntarios que participaron del estudio y,
posteriormente, decidieron retirar formalmente a la institución del proyecto
internacional.
A fines de
2024 se le inició un sumario administrativo a Aparicio. Finalmente, mediante la
Resolución 366, el Consejo Directivo del INTA dictaminó su exoneración.
Esta sanción es la más grave dentro del régimen de empleo público en Argentina,
ya que no solo implica el despido, sino también la inhabilitación para volver a
trabajar en cualquier organismo científico o estatal del país.
Posturas
encontradas
Argumento
del INTA: El
organismo fundamentó la sanción en supuestos "incumplimientos
administrativos" vinculados a la gestión del proyecto, aunque la propia
resolución reconoce explícitamente que no se acreditó ningún perjuicio
económico para el Estado ni beneficio personal para la científica.
Asimismo, las autoridades citaron los informes para relativizarlos, alegando
que los datos no eran adecuados para un análisis epidemiológico.
Defensa de
Aparicio y gremios: La
científica rechazó tajantemente las acusaciones, afirmando que el INTA conocía
y avalaba el proyecto desde su inicio. Gremios como APINTA, funcionarios de
áreas ambientales y diversos sectores de la comunidad científica denunciaron
que se trata de una medida de trasfondo político, persecución y censura impulsada
por presiones de corporaciones agrarias, buscando instalar temor para
desalentar investigaciones sobre temas sensibles para el agronegocio. Aparicio
anticipó que recurrirá a la vía judicial para revertir la medida.
Si le interesa, busquen en
las redes y hallaran más detalles sobre cuáles fueron los agroquímicos
específicos más hallados en el estudio
o profundizar en las declaraciones de los gremios
científicos ante la medida.
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