SOCIEDAD Y CULTURA

Revista El Magazín de Merlo, Buenos Aires, Argentina.



martes, 11 de diciembre de 2018

Aeropuerto de Palomar: Alto porcentaje en posibles accidentes, contaminación ambiental y desmonte ilegal.

La aerolínea Flybondi sumó un nuevo dolor de cabeza ante el pedido de clausura de la terminal aérea que hacen los vecinos. Ante la posibilidad de un accidente por la presencia de aves además de contaminación y desmonte ilegal, exigen que la OPDS tome cartas en el asunto.

El polémico aeropuerto emplazado en El Palomar por el gobierno nacional para que Flybondy lo explote comercialmente, trae un nuevo problema para la aerolínea. Vecinos pidieron la clausura del mismo y la intervención de la Provincia de Buenos Aires para evitar mayores consecuencias. Advierten con posibles accidentes, contaminación ambiental y desmonte ilegal. También concurrieron a la justicia para intentar frenar la actividad en la zona.

Un grupo de habitantes del sector denominado Isla Verde de El Palomar inició una serie de acciones desde septiembre de 2017 para defender el espacio ante los serios riesgos que implica el funcionamiento de la terminal aérea en lugar. En ese mes presentaron su primer amparo ante la justicia para exigir audiencia pública y un estudio de impacto ambiental.
Este 1 marzo de 2018, concurrieron al Juzgado Federal 2 de San Martin a cargo de Martina Forns para pedir la intervención de la provincia de Buenos Aires. En ese aspecto, detallaron que por el artículo 28 de la Constitución Provincial, al aeropuerto lo debe habilitar el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. 

A su vez reclamaron lo mismo para la Autoridad del Agua y el COMIREC (Cuenca del Río Reconquista). El 13 abril presentaron otro escrito para solicitar nuevamente la clausura del aeropuerto pero el juzgado ordenó que lo presentaran al Ministerio de Transporte y de Defensa.  
Guillermo Iracheta, representante legal de los vecinos, detalló los motivos por los cuales realizan el reclamo. Entonces contó que la OPDS no lo habilitó como lo marca la Ley 11.723 y que pidió la intervención del ADA ya que en el predio existen tres arroyos. Además confirmó que denunció daño ambiental, desmonte ilegal y riesgo para la aeronavegación. 

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