Según informe oficial: La Ley de
Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con el RIGI y la Ley de
Glaciares, cierra un plexo normativo para el saqueo. Las consecuencias en la
región patagónica.
LEER ESTO CON ATENCION: “Más que la
pretendida inviolabilidad de la propiedad privada, el proyecto alienta de hecho
el desembarco del capital concentrado transnacional, en condición de supremacía
absoluta y garantía de impunidad, para apropiarse del territorio y explotar sin
control los bienes naturales, espejos y cursos de agua, flora y fauna silvestre
que los habita.
La reciente Ley de Reforma Laboral les
provee trabajadores semiesclavos, mientras que las leyes de Seguridad Nacional
y de Antiterrorismo les garantiza tipos penales para criminalizar a los
insumisos que se rebelen al dominio extranjero. De eso saben las comunidades
mapuche tehuelche de la Patagonia, que llevan años convertidas en laboratorios
de experimentación de políticas represivas de gentrificación que ahora se
desplegarán sobre todo el que los resista.”
El proyecto de la llamada “Ley de
Inviolabilidad de la Propiedad Privada” -el nuevo fetiche de Federico Sturzenegger-
habilita la extranjerización sin límites de la tierras rurales y permite en los
hechos la devastación ambiental absoluta de todo ese territorio. Esta
iniciativa es el capítulo que intenta cerrar y blindar la conformación de un
plexo normativo para el saqueo que se articula con el Régimen de Incentivo para
las Grandes Inversiones (RIGI) y las modificaciones a la Ley de Glaciares. El
único reparo, pero relativo, se le impone a los estados extranjeros que podrán
igualmente alzarse con extensiones infinitas de tierras aunque bajo condiciones
que la ley no determina taxativamente, sino que deja librada al Poder Ejecutivo
en el decreto reglamentario.
Además, por el principio de la ley más
benigna, su promulgación se traducirá en la legalización automática de todas
las compras fraudulentas cometidas ilegalmente de centenares de miles de
hectáreas de tierras fiscales mediante pasamanos a través de testaferros,
sociedades fantasma y fideicomisos constituidos para ocultar a los compradores
extranjeros, como quedó evidenciado días atrás con el fraude confesado
por prestanombres
de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hugo Barabucci.
Por la misma causa también serán
inmediatamente blanqueados los fraudes del inglés Joe Lewis, en Lago Escondido;
el emir de Qatar, en Los Baguales; la familia real de los Países Bajos, al este
de Bariloche; las sociedades pluriprovinciales del grupo belga Burco, los
italianos de Benetton, entre centenares de otros casos.
Todo eso surge de una lectura
comparada realizada por Tiempo Argentino,
artículo por artículo, entre el proyecto impulsado por el régimen libertario y
las leyes 26737 de Tierras Rurales, y 26815 de Manejo del Fuego, que modifica y
convierte en abstractas. En rigor, el proyecto posee cinco capítulos que
avanzan también sobre las leyes de Expropiaciones (21499); Desalojos (17454), e
Integración Socio Urbana (27453). Pero desde el punto de vista rural y
semirrural patagónico, el proyecto producirá consecuencias irreversibles de
suma gravedad.
La Ley 26.737 de Tierras Rurales estuvo
bajo ataque desde el minuto cero del régimen libertario, que intentó derogarla
completa con el artículo 154 del DNU 70/2023. La embestida fracasó gracias a
los reflejos de los excombatientes del CECIM de La Plata, que lograron frenarla
con un amparo favorable del Poder Judicial. Aprendida la lección, ahora los
desreguladores mantienen la ley como cáscara vacía pero buscan desmantelar su
corazón, que limita la propiedad extranjera de la Tierra a un 15% del
territorio y directamente la prohíbe cuando encierra espejos o cursos de agua.
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