ENERO 2025: En Río Cuarto, unos 400 productores llevaron a cabo una asamblea para
reclamar por el incremento el Impuesto Inmobiliario Rural. En paralelo, sus
pares santafesinos cuestionaron a todo el arco político provincial.
Si bien a nivel nacional el Gobierno nacional pudo
descomprimir los reclamos de la Mesa de Enlace, tras el anuncio de baja temporal en
los derechos de exportación, la situación en las provincias es
diferente.
Al comenzar cada año, suele generarse un clima de tensión entre los
gobiernos provinciales y los productores, cuando se anuncian los aumentos de impuestos.
En este 2025, el ajuste del Impuesto Inmobiliario movilizó a las bases
rurales de Córdoba y Santa Fe, que no
esperaron la reacción de las Comisiones de Enlace provinciales y buscan soluciones por su cuenta.
RECLAMOS POR LOS IMPUESTOS
En las últimas horas, se conocieron comunicados de las sociedades
rurales de Río Cuarto y del
Noroeste, en Córdoba; y del Noroeste de Santa Fe y de La Criolla, en donde coincidieron en críticar a los gobiernos
de sus respectivas provincias, tanto por la presión impositiva como al uso que
se da a esa recaudación.
En el caso de las dos entidades santafesinas, contaron con la adhesión
de la Sociedad Rural de
Rosario.
En la Sociedad Rural de
Río Cuarto (SRRC) los
productores cordobeses reclamaron por la suba en el Impuesto Inmobiliario Rural
para este año. El gobierno
cordobés fijó una suba de 172,5%, que había sido pautada con el ruralismo, pero desde las entidades
denunciaron que están llegando cedulones con incrementos de hasta el 300%.
Desde la Provincia mediterránea respondieron que no es así e invitaron a los productores a dirigirse a las dependencias
oficiales para realizar bien los cálculos. Pero no lograron evitar que las
protestas escalen.
Por caso, en la ciudad del sur cordobés, la SRRC realizó una asamblea que reunió a unos 400
productores, además de funcionarios de localidades vecinas (en su gran mayoría
radicales), y los
productores coincidieron en que no buscan la eximición de este impuesto, sino “pagar lo que corresponde, que sea un impuesto razonable y que haya
transparencia en el retorno de esa recaudación en obras de infraestructura en
los campos”.
Tras la asamblea, se redactó un documento en donde se ordenaron los
reclamos al gobierno provincial.
Si bien el principal fue la rebaja impositiva, también salieron a la luz otras preocupaciones, que se fueron resumidas en un documento que se
elaboró tras la asamblea:
·
Rechazo del
aumento del 172,5% en el
Inmobiliario Rural aprobado por la Legislatura provincial y exigir que el mismo no exceda el 118% de inflación anual que
marcó el INDEC.
·
Que se quite el
cobro de la diferencia entre lo que determinó de aumento el gobierno provincial
y lo que finalmente terminó aprobando la Legislatura y cuyo pago se exige de manera diferida en
2026.
·
Que se explique
el motivo por el cual se quitó el
beneficio de 10% de descuento por pago de cuota única.
·
Que se
eficientice el funcionamiento de Rentas, en particular en la manera en que se ofrece la información sobre
plazos y maneras de proceder respecto de los pagos.
·
Que se
transparente el uso que se hace del dinero que se recauda a partir de los
impuestos que pagan los productores agropecuariosm que debería traducirse en obras de infraestructura.
Heraldo Moyetta, presidente
de la SRRC agregó que si bien el gobernador cordobés, Martín Llaryora y el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, fueron invitados a la asamblea, finalmente no
asistieron.
En este sentido,
el directivo lamentó que “hayan desaprovechado la oportunidad para
tener contacto directo con la realidad sobre la que gobiernan”.
Con respecto al incremento en el Inmobiliario Rural, señaló que más allá de las fundamentaciones oficiales que justifican
el cálculo del impuesto, “lo cierto es que lo que tenemos que pagar está muy por encima de lo que
ellos plantearon que tenemos que pagar”.
Y advirtió: “Queremos
un impuesto que sea justo, claro y
que permita tener previsibilidad en la actividad que desarrollamos”
EL IMPACTO DE LA SUBA EN LOS PRODUCTORES
Uno de los productores que participó de la asamblea puso en números
impacto de este aumento del 172,5% anunciado por la gestión de Llaryora.
Mientras que el año pasado pagó por este concepto $1,2 millones, para este año deberá desembolsar $3,8
millones, que representa un incremento de 210%, aún cuando en ambos períodos tuvo los
mismos beneficios, por pago de cuota única y por pago online.
La preocupación por la presión impositiva fue central en la asamblea, pero no fue el único reclamo. Otro de
los planteos que se anallzó fue vinculado al funcionamiento de Rentas y que se
pueda ver reflejado en obras el dinero de los impuestos que paga el campo.
ADEMÁS DE CÓRDOBA, TAMBIÉN SE TENSÓ LA CUERDA EN SANTA FE
En Santa Fe, los productores también cuestionan el accionar del
Gobierno a la hora de utilizar el dinero de los impuestos para el sector
agropecuario.
Esto quedó reflejado en dos cartas redactadas por la Sociedad Rural del Noroeste de Santa Fe y la
Sociedad Rural de la Criolla, que en ambos casos fueron enviada a la presidenta de la Confederaciones de
Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Sara Gardiol, con fuertes
cuestionamiento a todo el arco político de esa provincia.
Los ruralistas del noroeste señalaron que el gobierno provincial “sigue aumentando la recaudación a través de nuevos
impuestos o mayores
porcentajes de los mismos”.
Además de la cuestión
tributaria, también
afirmaron que “otro tema a
considerar es el deterioro de los caminos rurales, que generan serios inconvenientes, afectando la
productividad y elevando los costos logísticos y poniendo en riesgo la
seguridad de quienes lo transitan”.
Como solución a este problema, propusieron la creación de consorcios camineros, sin intervención de las
autoridades locales y con el
objetivo de mejorar la administración de los recursos.
“FALTA DE EMPATÍA HACIA TODO EL SECTOR PRODUCTIVO”
En tanto, desde la Sociedad Rural La Criolla manifestaron su “profunda preocupación y
creciente incertidumbre del sector que representamos, consideramos que el
accionar político del actual gobierno de la provincia refleja una gran
falta de empatía hacia todo el sector productivo y no contempla el
esfuerzo que realiza día a día”.
En este punto, remarcaron que desde hace cuatro años consecutivos enfrentan condiciones climáticas de
sequía intensa y un
contexto económico adverso.
“No se ha hecho
lectura de la actual situación y vemos un Gobierno que no ha demostrado la
suficiente capacidad para manejar los abultados ingresos, que a pesar de
todo, recibe de impuestos”, afirmaron.
En el documento, también analizaron cómo el gobierno santafesino
administra sus recursos. Así, calcularon que se destinan $66.111 millones a la Legislatura, cifra que es 1,5 veces mayor a lo girado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
“Este monto equivale al 69% de lo destinado al Ministerio de Desarrollo Social y al 70% de la suma destinada al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. Asimismo, la cifra es 60 veces mayor a lo
destinado al Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal”, concluyeron.
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